Formas de legitimación del control social: debates parlamentarios y construcción de subjetividades en torno a la baja de edad de imputabilidad

Por María Eugenia Contursi, Florencia Brescia y Gabriela Costanzo
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Nos ocupamos en este trabajo de una de las formas de legitimar el control social: el trabajo parlamentario. Para ello nos centramos en dos debates parlamentarios lejanos temporalmente pero que retoman la misma problemática: cómo disciplinar y qué hacer con los menores en conflicto con la ley penal. Se trata, por un lado, del debate de la Ley Agote de 1919, primer documento legislativo en el que se define el tratamiento por parte del Estado de ciertos menores como “posibles delincuentes” y, por el otro, del debate del proyecto de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que recibió media sanción del Senado en 2009 y que espera su tratamiento en Diputados.

Desde el análisis del discurso inscribimos esta investigación en las políticas de control social oficial dirigidas a la población infanto-adolescente. Este enfoque permite identificar las representaciones que se han ido construyendo desde el campo legislativo acerca de los menores de 18 años en conflicto con el orden social concebido por el Estado. Asimismo, se propone analizar continuidades y rupturas en función de lo que se presume como la emergencia de un nuevo régimen discursivo que dice basarse en los derechos de los niños y adolescentes que son su objeto. En este sentido, retomamos a Michel Foucault para hacernos la pregunta histórico-política acerca de si el discurso que critica el paradigma del Estado tutelar “viene a cerrarle el paso a un mecanismo de poder que hasta entonces había funcionado sin discusión o bien forma parte de la misma red histórica de lo que denuncia (y sin duda disfraza) llamándolo «represión»” (1976: 16). Sostenemos que, a pesar de las diferencias en la superficie discursiva, hay una relación ideológica estrecha, más de continuidad que de ruptura, entre los discursos fundacionales sobre el “castigo” a los chicos pobres y los actuales discursos “garantistas” que, en virtud de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, avalan la baja de edad de imputabilidad sin aportar a la modificación en términos materiales del sistema de acogida de estos sujetos, sistema instituido y en funcionamiento desde tiempos del patronato.

Cierra nuestro trabajo una reflexión acerca de la vigencia de las representaciones de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, tanto en los dispositivos jurídico-burocráticos como en los discursos mediatizados sobre la baja en la edad de imputabilidad y, por ende, sobre la función política de los medios masivos en este tema particular.

La Ley Agote de 1919

La ley es un órgano esencial del control social legítimo ejercido por el Estado. Pierre Bourdieu (1988) analiza el funcionamiento social de la codificación, en especial sus efectos, señalando que cuanto más peligrosa es la situación, más la práctica tiende a ser codificada. Es decir, el grado de codificación varía como el grado de riesgo en el que es puesta la legitimidad defendida por el Estado. La codificación opera una objetivación sobre los cursos de acción habituales, introduce la posibilidad de un control lógico, de establecer la coherencia, es decir, de una formalización que hace posible, a su vez, la instauración de una normatividad explícita, como la del derecho. La codificación, en definitiva, es una operación simbólica de puesta en orden, o de mantenimiento simbólico del orden, que incumbe a menudo a las grandes burocracias del Estado.

El debate parlamentario que da origen a las leyes se muestra como lugar privilegiado para analizar la categorización de la población que se ejerce desde el Estado tanto como el orden social que se pretende construir o perpetuar.

La Ley Agote (Nº 10.903) de 1919 es fundacional respecto de la problemática de los “menores” y su representación legítima: inició en Sudamérica el sistema de patronato del Estado sobre los chicos de menos de 18 años considerados “material o moralmente abandonados o en peligro moral” (Art. 14). Esta ley, siguiendo el camino trazado por las leyes de Residencia (1902) y de Defensa Social (1910), fundó un modo de pensar y de decir sobre los niños y adolescentes pobres, que sigue vigente aún hoy en diferentes discursos, no solo en los de los medios masivos sobre la inseguridad civil, sino también en el discurso legislativo actual, aunque pretenda diferenciarse del “paradigma del patronato”.

Como antecedente de la Ley Agote, la Ley de Residencia (Nº 4.144) de 1902, que permitió al Poder Ejecutivo la expulsión del 50% de la población considerada “indeseable” (casi todos los extranjeros y anarquistas), es un antecedente insoslayable de dicha categorización y su puesta en práctica. Se inició con ella un verdadero proceso de “depuración” étnico-política por la vía legal. Pero fue la Ley de Defensa Social (Nº 7.029) de 1910 la primera en incluir a los menores, hijos de anarquistas y socialistas, como sujetos construidos como “peligrosos” y pasibles de ser penalizados.

La Ley Agote, entonces, surgió como respuesta a una pregunta muy sencilla: qué hacer con los hijos de los pobres y los hijos de extranjeros nacidos y nacionalizados argentinos, el nuevo “problema” del Estado. El 4 de julio de 1919 se expusieron en la Cámara de Diputados, bajo el título “La protección de los menores abandonados y delincuentes”, enunciados que denotan el higienismo de la época:

Sr. Melo- Es un ensayo, una experimentación para sacar del horrible ambiente material y moral en que yacen, a los niños abandonados y para curar en lo posible a los delincuentes (DS 1919: 7).

Sr. Agote- … el interés de corregir ese mal social (…) porque entiende que sería la manera de responder a esa exigencia de profilaxis social que está reclamando del congreso desde hace muchos años (DS 1919: 26).

Sr. Roca- … esta ley, que es reclamada con urgencia, que atiende males sociales de indiscutible gravedad (…) donde los menores no hacen sino exponerse a todos los peores contagios de carácter moral (DS 1919: 51-52).

Sr. Agote- Yo tengo la convicción profunda de que nuestra ley falla si no llegamos a suprimir este cáncer social que representan 12 a 15.000 niños abandonados… (DS 1919: 36).

El debate que da forma a la Ley Agote construye discursivamente al menor como paciente de un destino ajeno a su voluntad: el menor es víctima del descuido o abandono de sus padres. Los menores también son construidos como beneficiarios de la ley tutelar del Estado que, a través del encierro, cuida de su salud, de su futuro y del futuro del país:

Sr. Avellaneda- (…) entregar a la tutela del Estado los niños abandonados y a los hijos de los incapaces (…). El Estado tiene el ineludible derecho de ejercer su intervención para arrancar a ese padre indigno el hijo que corrompe y pervierte (…) Esta ley (…) va a salvar del abandono y de la corrupción a centenares de niños; no olvidemos que ellos serán los hombres de mañana (…) (DS 1919: 8-9).

Esta es la premisa básica del paradigma del patronato que se establece indiscutidamente por casi 100 años. No obstante, las buenas intenciones, paternalistas e higienistas, de los legisladores no se privan de fundar una imagen peligrosa y amenazadora de estos sujetos al construirlos como agentes de acciones vinculadas al delito, a partir de una relación lineal entre delincuencia y oficio ejercido por el niño o joven:

Sr. Agote- (…) [debemos] estudiar lo que hay de verdad en este llamado oficio de vendedores de diarios, que no es tal oficio sino una simulación, porque de los niños que venden diarios sólo el 10% lo son en realidad y los demás son vagos… (DS 1919: 35).

Sr. De Tomasso- No solamente nos ocupamos del trabajo de menores dedicados a vender diarios, sino que nos referimos también al trabajo de los que venden fósforos, cigarrillos, flores, billetes de lotería o cualquier otro objeto, o a los que son lustradores y mensajeros (DS 1919: 37).

Sr. Agote- Está probado que el 50 por ciento de los individuos que están en las prisiones y que residen desde la niñez en nuestro país, ya sea por su nacimiento o porque han llegado a corta edad, han sido vendedores de diarios (DS 1919: 36).

A través de este análisis, que presentamos in extenso en otro lugar (Contursi, Brescia y Costanzo, 2009) pudimos identificar algunos componentes discursivos estables de esta formación con sus correspondientes núcleos de significación ideológica, que resumimos de la siguiente manera:

-Componente descriptivo: el menor es una amenaza que impone al Estado tomar medidas. En el plano estilístico marca un tono desenfadadamente socio- y etnocéntrico.

-Componente didáctico: asume la superioridad de la elite y de los criollos por sobre los inmigrantes, anarquistas y pobres. La responsabilidad de los “crímenes” recae sobre defectos propios de las familias y de los menores. El discurso aquí se vuelve cientificista y racional, a través del higienismo, y se conjuga con una mirada pietista y paternalista: “pobres niños que van irremediablemente hacia la delincuencia” (DS, 1919: 708).

-Componente prescriptivo: se asienta en una declaración de principios que se funda en la convicción paternalista y estatista de la “protección de la infancia”. Así, el patronato deberá proveer salud y educación moral e intelectual a través del encierro, de la separación de los menores de sus familias de origen y del resto de la sociedad.

-Componente utópico: en estrecha relación con el anterior, pues también marca una necesidad deontológica, mira hacia el futuro de una sociedad “sana”, sin enfermedades sociales, se funda en la afirmación del Derecho como medio legítimo para organizar la sociedad y en un tono decididamente épico: “La ley, para que sea eficaz, debe ser enérgica” (DS 1919: 344). En este último aspecto, el componente utópico también se relaciona directamente con el componente didáctico, en tanto comprende un principio general o verdad universal.

90 años después: el debate del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil (2009)
Pueden señalarse similitudes generales entre el debate de la Ley Agote y el del actual proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil. Por ejemplo, en el debate mismo no se registraron signos de confrontación entre los legisladores , es más, solo dos senadoras plantearon estar en desacuerdo con la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, que resultó finalmente aprobada. Por otro lado, los “beneficiarios” del proyecto de ley, después de casi 100 años, siguen siendo los mismos: los menores pobres. Finalmente, predomina la idea de que el joven pobre puede evitar llevar adelante ciertas prácticas que lo ubican en una posición de tensión con la ley, como por ejemplo el desempeño de un oficio precario, como el de canillita (DS 1919: 35-37) o la realización de prácticas punitivas, como los “atentados contra los medios de transportes” (DS 25-11-2009: 2). Otra constante en ambos debates es la posición del Estado como actor necesario y privilegiado frente al “problema” específico. Claro que en la construcción de ese problema es donde radica una de las diferencias más importantes que pueden relevarse: la representación de los jóvenes “delincuentes”.

El debate actual polemiza con el paradigma del patronato enarbolando la defensa de los derechos de los niños y adolescentes como principal diferencia. Nos preguntamos cuánta diferencia efectiva hay en relación con el actual discurso garantista en relación con el modelo de patronato anterior en tanto y en cuanto los temas y los resultados centrales en ambos debates parecen ser los mismos: se estipula un régimen de sanciones y reclusión (como último recurso) para los chicos pobres, también a partir de ciertos eufemismos y de un discurso políticamente correcto para cada época.

Para el análisis replicaremos la estrategia analítica retomando los componentes que utilizamos para el análisis del debate de la Ley Agote de modo de poder comparar formaciones discursivas que se presume pertenecientes a formaciones ideológicas opuestas.

La representación de los menores, igual que en el caso anteriormente analizado, se incluye en el componente descriptivo. Tal como realizamos en el trabajo anterior, la formulación de los núcleos ideológicos se basa en operaciones de normalización de enunciados del corpus. En esta ocasión el análisis se centra en los debates del proyecto en general y en particular (8 y 25 de noviembre de 2009, respectivamente).

-Componente descriptivo: el menor es sujeto de derecho, lo que impone al Estado tomar medidas tanto cuando es víctima de delitos como cuando los comete. En este último caso, se asume que el paso por las instituciones de encierro, que obedecen al paradigma del patronato, lejos de resocializarlos (esto presupone que no están incorporados a la sociedad), los convierte en delincuentes. La “delincuencia juvenil” es entendida como un “problema de toda la sociedad”. Los chicos destinatarios del proyecto son los “excluidos” y donde hay “inclusión social, no hay delincuencia juvenil”. Los delincuentes juveniles son pobres y la pobreza está “institucionalizada”. El plano estilístico está marcado por la crítica al “vacío legal” que produce la continuidad del sistema del patronato, con el que se polemiza. No obstante, en el tratamiento de la pobreza sigue primando una forma de pietismo que ahora se vuelve denuncista. Si bien todos los intervinientes en el debate señalan la necesidad de mayor presupuesto para adecuar las instituciones existentes al “nuevo sistema”, se sigue confiando en la capacidad del discurso legal para cambiar las prácticas sociales, la redistribución presupuestaria y hasta para resolver la desigualdad.

Las posturas que justifican la baja en la edad de imputabilidad se sustentan en lo que se plantea como una elección racional de los jóvenes, considerados lo suficientemente maduros como para reconocer la diferencia entre el bien y el mal:

Sra. Perceval: (…) Justamente, la responsabilidad penal es correlativa de la imputabilidad como presupuesto, porque esta palabra que tanto se utiliza —reitero— significa la capacidad psíquica de culpabilidad. Por esto es que hemos tenido en cuenta, no solamente por la casuística sino porque conocemos lo que son los desarrollos psicosocioevolutivos de la infancia y la adolescencia, que no es lo mismo un niño o una niña de catorce años que un adolescente varón o mujer de diecisiete años. No estamos en los mismos procesos psicosocioevolutivos. Por eso es que, en este sentido, la capacidad psíquica de culpabilidad es una condición que debe tener el autor del delito. Y por ello, en el momento en que el Estado imputa un hecho a una persona, lo que hace es ponerle a cargo de esa persona el hecho. En este sentido, insisto que cuando nos referimos a imputabilidad de las personas menores de dieciocho años hablamos de su potencial intelectual volitivo, para comprender la ilicitud de su obrar, como también para poder actuar conforme a esa comprensión. (DS 25-11-2009: 94-95, cursivas nuestras).

Como se puede apreciar en la cita, se habla de la “persona” y no de “menores” o “chicos”, cuando la argumentación de la senadora apunta a sostener que un menor conoce que efectuar una acción que es un delito conlleva una condena y que debería haber elegido una alternativa. Se presupone que todos los menores del país tienen las mismas posibilidades de elección, es decir, que un menor que delinque lo hace porque quiere y conoce las consecuencias de lo que hace, por ende, debe el Estado condenarlo. Esta concepción proviene de la teoría criminológica que sostiene que las personas delinquen por elección (teoría de la elección racional). Esto implica negar el contexto social, político, económico, cultural en el que viven tanto adultos como chicos sosteniendo una falacia propia del sistema capitalista, que es la igualdad teórica y la desigualdad práctica.
Por otro lado, las pocas voces que se oponen a la baja en la edad de imputabilidad (la edad de corte establecida son los 14 años) construyen a los adolescentes como incapaces, especialmente si consumen “droga” o si provienen de las villas:

Sra. Quintela: (…) me opongo a la judicialización de estos niños y adolescentes que, como ha quedado manifestado en el proyecto que presenté oportunamente, no tienen un juicio acorde a ninguno de los delitos que han cometido (…) Sus posibilidades de recaer en la actividad delictiva se van a multiplicar por sus antecedentes (…) vamos a criminalizar a aquellos niños que viven, muchas veces, en una villa… (DS 8-11-2009: 10-11, cursivas nuestras).

Sra. Quintela: (…) Yo digo: no judicializar al menor. (…) Creo que estamos cometiendo serios errores, porque los chicos no son delincuentes. (…) los chicos, a los 14,15 o 16 años no tienen idea. Viven en una nube (…). Y es así: los chicos no saben. (…) si los escuchamos hablar, advertimos que son pobres criaturas que realmente cometen delitos porque no saben lo que hacen; mucho más si, como dicen ellos, están “dados vuelta” por la droga que consumen. (DS 8-11-2009: 42-43).

Sra. Quintela: (…) Yo digo que, a los pocos años de ser gestado, ese chico que padece hambre antes de nacer va a padecer violencia apenas nazca. (…) se va a encontrar cara a cara con la droga, la delincuencia, la prostitución, la trata de personas y con diversas formas modernas de esclavitud. (DS 25-11-2009: 84).

El “nuevo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes” que se impulsa parece presa de las mismas vicisitudes ideológicas que tensionaban a los diputados en 1919: ¿son o no son responsables de sus actos los menores de edad? ¿les cabe la responsabilidad a ellos o a los adultos? Lo que está claro, en este componente descriptivo, es que los menores siguen siendo una “cuestión social” insoslayable que el Estado debe resolver mediante la sanción de una nueva ley y la posibilidad de encierro a través de la legislación.

-Componente didáctico: a través de profusas citas a organismos internacionales, ONG y especialistas, se asume la responsabilidad del Estado, a través de las instituciones de menores, en la “fabricación de delincuentes”. Incluso se mencionan las denuncias internacionales que pesan sobre el país por condenas a reclusión perpetua a menores de edad. Contradictoriamente, al igual que en 1919 el discurso científico (psicológico, criminológico, filosófico y sociológico) es la apoyatura irrefutable para responsabilizar a los jóvenes de sus delitos a partir de los 14 años (como vimos en una cita anterior), así como criterios estadísticos, biológicos, de discernimiento y el derecho comparado. ¿Cómo se resuelve esta contradicción?, separando los ámbitos de los menores de los de los mayores, como se puede ver en la siguiente cita:

Sra. Escudero: (…) Pero lo fundamental es toda esa cantidad de consensos que nos ha llevado a entender que aquí no estamos bajando la edad de imputabilidad de los menores. Bajar la edad de imputabilidad de los menores sería tratar a los menores dentro del mismo sistema que los mayores, y esto es algo completamente diferente. Esto es algo que está en plena coincidencia con las convenciones internacionales y los pactos sobre Derechos Humanos que la Argentina ha ratificado. (DS 25-11-2009: 98).

-Componente prescriptivo: en el tramo en el que el discurso muestra los principios sobre los que se asienta, del orden de los deberes y la necesidad, en el que se interpela al destinatario, el movimiento es doble y complementario: por un lado se realiza una declaración de principios que se funda en los derechos de los niños y adolescentes y, por el otro, se defiende la postura (el garantismo) en contra del mensaje de inseguridad imperante y generalizada, en la que los menores son los principales responsables, de los medios (reproducidos por algunos senadores) y de la “derecha reaccionaria” que pide mano dura y a la que no le bastó con la fallida experiencia de las “leyes Blumberg” en 2004.

Sra. Perceval: (…) lamentablemente la presión mediática y la escandalización de las cifras inexactas o del caso individual tomado aisladamente como horroroso, hizo que se elevaran los años de pena. (…) No se puede legislar, como lo han admitido algunos países, por la presión de la opinión pública, poniendo penas de hasta 15 años para los menores de 18 años. (…) esta doctrina [la del patronato] hace de los menores de 18 años objetos pasivos e incompetentes necesitados de tutelaje y encierro, debemos superarla y eliminar los fantasmas. Realmente, las garantías no son permisividad ni impunidad, sino que cuando de garantismo se trata, no hablamos nada más y nada menos de que el Estado genere los mecanismos y establezca las medidas que saquen de la retórica y hagan de posible cumplimiento los derechos de todos y todas. (DS 8-11-2009: 34).

Sr. Morales: El actual sistema es un modelo que opera como un verdadero mecanismo de control social, explicitado en el actual sistema como medida de seguridad que intenta neutralizar una supuesta peligrosidad criminal, construida arbitrariamente por la valoración del riesgo moral y material que los adolescentes constituyen en el imaginario social. Esto tiene que ver con la lógica de la doctrina que yo llamaría “Blumberg” y con la fijada en la década del 90, que terminaron generando un cambio cultural del que, justamente, esta norma intenta salir, para poner las cosas en su lugar. (DS 8-11-2009: 51).

Llama la atención en el primer fragmento la unificación entre presión mediática y opinión pública que es frecuente en el propio discurso mediatizado. La negación polémica a través de la que se define el garantismo retoma refutativamente esa voz, mediática y pública, que condena la “permisividad” y la “impunidad”, oponiéndole la responsabilidad del Estado de “sacar de la retórica” los derechos humanos. Paradójicamente, es a través del debate de un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad que esto se hace posible. En un contexto de enfrentamiento entre gobierno y medios, los medios son demonizados en los discursos de estos legisladores, tratados como “formadores deformadores”, denunciados como “oscuras usinas ideológicas” que “sólo retoman datos espectaculares” brindando espacio y reproduciendo la voz de personalidades que “no deberían opinar”.

-Componente utópico: en estrecha relación con el anterior, pues también marca una necesidad deontológica, mira hacia el futuro de un régimen de responsabilidad penal juvenil “sano”, basado en los derechos que internacional y nacionalmente se han concedido a los niños y jóvenes. Como en 1919, se funda en la afirmación del Derecho como medio legítimo para organizar la sociedad.

Para finalizar, la siguiente cita del debate del 25 de noviembre de 2009 da cuenta del razonamiento que permite cambiar del paradigma del patronato al de la protección integral sin cambiar la situación de los menores, supuestos beneficiarios de la ley:

Sra. Escudero: (…) Toda la filosofía de este proyecto de ley es que la privación de libertad debe ser la última instancia. Cuando se trata de los niños y de los jóvenes hay que buscar otras alternativas, pero habrá casos en los que realmente no haya otra posibilidad que la privación de libertad en centro especializado y por tiempo determinado. (…) Entonces, hay que darle al juez la posibilidad de que frente a un caso concreto de un delito aberrante pueda aplicar esta sanción, teniendo en cuenta que la filosofía del proyecto de ley cambia los institutos que hoy tenemos y que esa pena se aplicará en un centro especializado, con personal capacitado, en un establecimiento de gestión pública y con todas las demás garantías que se establecen en esta norma. (DS 25-11-2009: 28-29).

En realidad, más allá de los argumentos que puedan sostener que las garantías constitucionales solo pueden ser defendidas dentro del sistema penal, se están obedeciendo los dictados de esa “opinión pública” calificada como casuística y espectacularizada por los medios. Incluso los senadores autores de los proyectos en los que se basó el documento discutido en la Cámara presentaron estadísticas que muestran que los delitos que protagonizan o en los que participan menores de edad y que se vinculan con muertes o violaciones representan el 0,6 % del total a nivel nacional. Se deduce a partir de esto, entonces, que los proyectos de ley que ponen en la mira a los menores tienen como primer objetivo cumplir de algún modo con la demanda de cierto sector de la ciudadanía condenando y encerrando a los menores en conflicto con la ley, que ya vimos, son los menores provenientes de los sectores más castigados de la sociedad.

A modo de conclusión

El poco cambio efectivo en el tratamiento jurídico de los menores provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad, tanto en los dispositivos jurídico-burocráticos como en los discursos mediatizados, obliga a una reflexión acerca del “vacío legal” que se supone estarse resolviendo con la nueva ley y el vacío material que deja al descubierto el debate. Aquello que en apariencia pretende ser saldado mediante el manto protector del nuevo discurso garantista-progresista presente en el Parlamento no logra saldar las necesidades reales. Incluso los senadores reconocen la urgencia por un aumento presupuestario que permita optimizar los recursos destinados a las instituciones de encierro, donde actualmente se termina fomentando la (con)formación de “sujetos peligrosos”, que el Estado debe cuidar garantizando sus derechos mediante un temprano encierro, de acuerdo a la justificación de la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, esto no aparece como prioritario en el debate analizado, ni siquiera es abordado de modo profundo, más allá de algunas menciones al caso.

De este modo, los núcleos ideológicos que se mantienen vigentes sostienen que el menor en conflicto con la ley puede (y debe) elegir prácticas no criminales y, por ende, responder con su propia responsabilidad en los hechos. Contradictoriamente, en el debate actual ese menor delincuente es un producto de esta sociedad, un “problema de la sociedad adulta”. Es justamente aquí donde yace el vacío; ya no un vacío legal, ni siquiera un vacío discursivo, sino el material: se propone, debate y acuerda la modificación del Régimen Penal Juvenil bajando la edad de punibilidad para el “propio beneficio” de los menores, ahora en defensa de los derechos del niño y no de la élite. Pero no se discute ni se debate acerca de la modificación de la realidad de las instituciones de reclusión y “resocialización”.

Nos proponemos para una próxima etapa ahondar en la función política de los medios que parecen operar como un partido político más, siendo los verdaderos antagonistas del debate. La falsa representación de la voz de la opinión pública y aquello que los legisladores dicen que la sociedad cree y construye acerca de los menores en conflicto con la ley será abordado en una próxima instancia de análisis. Mientras tanto, a casi un siglo del debate que dio origen al primer régimen de encierro para menores en conflicto con la ley, los discursos que alimentan y respaldan el “nuevo” sistema de Responsabilidad Penal Juvenil siguen reproduciendo las mismas prácticas y sentidos dirigidas a los menores pobres, pregonando en un mismo reclamo progresista y garantista -aunque no por eso menos paradójico- la baja de la edad de imputabilidad de los menores en nombre de los Derechos del Niño.

Bibliografía citada

Bourdieu, Pierre (1988). “La codificación”. En Cosas dichas, Madrid: Gedisa.
Contursi, M. Eugenia, Brescia, Florencia y Gabriela Costanzo (2009). “Menores en conflicto con la ley: análisis de legislación y debates parlamentarios en las dos primeras décadas del siglo XX”. En Memorias del XXVII Congreso ALAS 2009: “Latinoamerica interrogada”. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 2009, ISSN 1852-5202.
Foucault, Michel (1976). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI [primera edición en castellano 1977]. 2010.
Foucault, Michel (1970). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets [primera edición en castellano 1973]. 2005.
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Fuentes

Ley Nº 7.029, Ley de Defensa Social (1910).
Ley Nº 10.903, Ley Agote (1919).
Diario de Sesiones –DS– (1910, 1919 y 2009), Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional, República Argentina.